Trabajadores peruanos empleados por la empresa Wassy en la megaobra del Cipriani Ocean Resort Residences & Casino, en Punta del Este, Uruguay, denunciaron haber sido secuestrados en su alojamiento al finalizar cada jornada laboral.

La denuncia policial, presentada ante la comisaría de Maldonado, acusa directamente al dueño de Wassy, de privar de libertad a sus empleados mediante el cierre de la portera del predio donde vivían, ubicado cerca del sitio de construcción. “No sé qué tiene este señor contra nosotros, que nos tiene acá encerrados, sin poder salir”, relataron los trabajadores en un video.

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El proyecto, que transforma el antiguo Hotel San Rafael en un lujoso resort con casino y residencias, es ejecutado por CRIBA S.A. Uruguay, filial de la gran constructora argentina CRIBA de la familia Tarasido, cercana al expresidente argentino Mauricio Macri. Esta empresa subcontrató a Wassy para tareas específicas, estableciendo una conexión contractual directa donde Wassy opera bajo su supervisión.

Según relatos de delegados del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en Maldonado, liderados por el secretario general Michael Pistone, los obreros no habían reportado antes estas condiciones por temor a represalias. La intervención sindical se activó tras recibir un video de los propios trabajadores, lo que llevó a formalizar la denuncia policial.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay, a cargo del Inspector General Luis Puig, confirmó haber realizado inspecciones en el sitio tanto antes como después de que la denuncia se hiciera pública, aunque evitó dar detalles por tratarse de un expediente en curso.

La normativa uruguaya sobre tercerización laboral impone responsabilidad solidaria a la empresa principal, en este caso CRIBA S.A. Uruguay, por las obligaciones hacia los trabajadores subcontratados. Si se confirman las violaciones, podrían derivar en sanciones penales.

Desde el sindicato, la respuesta fue contundente. En asamblea, los trabajadores declararon «persona no grata» al dueño de Wassy, y anunciaron que profundizarán las investigaciones en otros contratos del proyecto para garantizar condiciones laborales dignas. «La empresa madre, CRIBA S.A. Uruguay, es la que tiene que garantizar las condiciones», enfatizaron.

Pese a que la situación inmediata se resolvió y los obreros ya pueden salir libremente, el caso expone las vulnerabilidades en la cadena de subcontrataciones de grandes proyectos. Expertos en derecho laboral advierten que, si se prueba el encierro como medida coercitiva, podría configurarse un delito de privación de libertad agravado por el contexto laboral. Mientras tanto, el MTSS avanza en determinar responsabilidades, y el sindicato mantiene la vigilancia sobre la obra.

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